CRÓNICA DE UNA LIQUIDACIÓN ANUNCIADA

Asociación de instituciones de salud aisalud

La de los hospitales públicos

 ·   Mientras el Ministro de Salud habla de estabilidad financiera del sector, se recrudece la cartera. Supera los 5,05 billones de pesos.

·  Seminario de contratación en salud servirá para tomar decisiones sectoriales este 12 y 13 de febrero en el Hotel Tequendama.

Así como ocurrió con el antiguo ISS (Instituto de los Seguros Sociales), que millones de personas no creían que sería liquidado por ser una de las entidades más importantes para el país, porque bajo sus hombros estaba la seguridad pensional y de salud de la inmensa mayoría de los colombianos, la de los hospitales públicos es una nueva “crónica de una liquidación anunciada”, así lo expresó la Presidenta Ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, ACESI, Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, ante las circunstancias que se vienen dando en el país, cuyo panorama, a pesar de los últimos anuncios del gobierno nacional, la verdadera suerte de estos prestadores de salud parece echada, porque así lo evidencia la verdad irrefutable de los hechos y las cifras que nunca mienten, que superan cualquier alocución oficial.

La líder gremial aseguró que cientos de ESE se están literalmente “marchitando” ante la falta de recursos para operar, más la indiferencia de las autoridades que no obligan a las EPS a que paguen sus deudas. “Y lo más triste es que a esta situación se ha llegado por la falta de efectividad de los organismos encargados de exigirle, especialmente a las EPS que se sienten a la mesa a conciliar sus compromisos y desde luego, mucho menos a que los paguen”, explicó.

Una cartera de difícil recaudo

El más reciente reporte oficial de las deudas de las Empresas Promotoras de Salud con los hospitales a cargo del estado arroja una deuda de $5 billones 056 mil millones de pesos, una cifra difícil de comprender.

Lo más grave del informe con fecha septiembre de 2014 es que el 45% del total de esa cartera ($2.3 billones) es superior a un año, situación ideal para las EPS porque es cuando ponen toda clase de trabas para conciliar las acreencias y menos pagarlas.

Las mayores deudas son del régimen subsidiado, casi 3 billones de pesos, mientras las del contributivo llegan a 730 mil millones de pesos.

En dos años toda la cartera creció 26% y en el último año 12%, lo cual contradice desde todo punto de vista los anuncios oficiales, en especial las tan divulgadas posiciones del Ministro Alejandro Gaviria que buscan anestesiar  la verdadera realidad financiera del sector salud en Colombia.

Al analizar las cifras, Olga Lucía Zuluaga dijo que se trata de un “juego difícil de comprender”, toda vez que por un lado existen unas deudas multimillonarias evidentes que nadie puede ocultar. Lo anterior, sumando a la enorme debilidad o indiferencia de los organismos de control para defender los intereses públicos es sorprendente.  Lo más irónico, es que ad portas de completar un año de los planes de saneamiento fiscal y financiero en los que caprichosamente fueron ingresados los hospitales a cargo del estado, sin que muchas de las causas hayan sido solucionadas por el gobierno nacional,  los funcionarios de los Ministerios de Hacienda y de Salud sí están haciendo obedecer la ley, en el sentido de que institución que no cumpla con los planes de saneamiento fiscal suscritos podrán ser fusionadas, intervenidas o liquidadas. “Así es imposible sobrevivir, con el viento en contra y con un trato desigual en lo concerniente a la aplicación de las normas, parecieran que  las cartas están marcadas”, añadió la experta.

El indicador más evidente es el recaudo, -sabemos que en eso no podemos cumplir-, replicó la Presidenta de ACESI. De cada 100 pesos que los hospitales públicos facturan solamente han podido recaudar 52 pesos en lo transcurrido del último año, lo que indica que $48 se dilatan en el actuar de las EPS o se pierden en la burocracia de las glosas, las preguntas, las dudas de si ese era el servicio que se debía o no prestar; de si es la tarifa, la categoría. En fin, en la arena movediza en las que mejor se mueven las EPS.

Pero este panorama financiero se empeora con los requerimiento de la Contaduría General de la Nación y la misma Superintendencia Salud, en el sentido de adoptar estándares internacionales contables (NIIF), los que casi ningún hospital del país podrá cumplir, toda vez que cerca del 40% de su cartera supera los 360 días, lo que dejaría a la luz de las NIIF esos dineros inexistentes en los estados financieros y por ende a las instituciones públicas inviables.

Y como si la falta de recursos fuera poco, otro organismo del Estado amenaza con darle el puntillazo final a los hospitales públicos: el Ministerio de Trabajo. “Es increíble que si bien existen 647 ESE colombianas en riesgo fiscal y financiero, es decir que no cuentan con los recursos suficientes para su operación mínima, pero sin importar la lógica, esta cartera gubernamental le exige a las empresas sociales del estado a tener laboralizada su nómina, es decir, contratada directamente no por prestación de servicios o a través de cooperativas de trabajo asociado, temporales, entre otras;  so pena de ser multada hasta por $4 mil millones, como ya ocurrió. Aquí cabe solamente una pregunta ¿Cómo se habla de recursos para salvar la red pública hospitalaria cuando lo que se están es pagando las deudas que se tienen por prestación de servicios ya realizadas con una morosidad bastante importante y además se expiden normas que están asfixiando a la red pública por su inaplicabilidad en las actuales circunstancias de flujo de recursos y cartera cada vez más creciente?, inquietud que debe ser respondida por el gobierno”, sostuvo la Presidenta de ACESI.

Adicionalmente, es evidente la clara y sistemática política de las EPS de dilatar el pago de sus compromisos. No solamente de las carteras viejas o de las deudas no aclaradas, sino de los actuales servicios que les prestan los hospitales del estado. En contravía vemos una mano suave con las EPS por parte del gobierno nacional a quienes les dan un plazo de 7 años para cumplir con los nuevos estándares de habilitación, tiempo suficiente para fortalecerse y seguir debilitando a los prestadores que venimos soportando el sistema de varios años atrás.

Las IPS públicas están en una sin salida: no cuentan con un espacio de maniobra, sin recursos no pueden funcionar, sin el pago de sus servicios oportunamente por parte de las EPS no pueden invertir y competir en el “libre mercado” que ha impuesto el gobierno, haciendo  prácticamente inviable su operación en el “mercado” lo que está generando que cada vez haya más servicios cerrados y dilatación de pagos a los trabajadores de la salud, proveedores; en fin un panorama sombrío que debilita lentamente los prestadores públicos.

La cereza de este peligroso cóctel se traduce con la negativa del Presidente Santos de sancionar la tan cacareada Reforma Estatutaria, traducida en un Acto Legislativo que reformó la Constitución Nacional, similar situación que viene ocurriendo en el Congreso de la República en donde también se niegan a darle vida jurídica operativa a la Ley marco del sector, aprobada por ellos mismos en el 2013.

Todas estas anomalías por las que atraviesa el sistema serán analizadas a profundidad este 12 y 13 de febrero en el hotel Tequendama de la capital del país, dentro del marco del VII Seminario de Contratación en Salud, que organiza anualmente ACESI. “Tomaremos decisiones importantes y fijaremos una clara posición junto a los demás protagonistas del sector salud en Colombia”, puntualizó la Presidenta de ACESI.